Seguimiento y monitoreo al gasto público en el proceso electoral agosto 2017

El documento presenta un análisis crítico del manejo del gasto público en Honduras durante el proceso electoral de 2017, señalando cómo las acciones gubernamentales desviaron el uso del Presupuesto General de la República hacia fines proselitistas y no de desarrollo económico y social como establece la Constitución. A partir de indicadores de pobreza, subempleo, desigualdad y deterioro del poder adquisitivo, se evidencia que el gasto social no se tradujo en mejoras estructurales, sino en una estrategia asistencialista utilizada como herramienta de propaganda política, en especial a través de programas como Vida Mejor financiados mayoritariamente por endeudamiento externo.

Se advierte que el presupuesto aprobado para 2017 contenía desde su origen un alto contenido electoral, alejándose de los principios de planificación establecidos en la Visión de País y el Plan de Nación. Además, se documenta el uso de fideicomisos como el Fondo de Solidaridad y Protección Social, alimentado por el incremento del ISV, para financiar programas sociales sin rendición efectiva de cuentas, distorsionando las prioridades nacionales. El análisis también expone la centralización del gasto en publicidad en la Presidencia de la República, violando disposiciones legales de transparencia y equidad electoral, y utilizando mecanismos como el Decreto 86-2013 para condonar deudas fiscales a cambio de publicidad política.

La investigación resalta las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año, donde instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibieron incrementos desproporcionados —de 204.6 millones a 814.1 millones de lempiras— sin justificación técnica clara y con una ejecución que no correspondía a los principios de eficiencia y eficacia del gasto público. Al mismo tiempo, sectores fundamentales como educación, salud y el Fondo Vial fueron marginados presupuestariamente. Finalmente, el informe concluye que el Presupuesto 2017 fue utilizado estratégicamente para promover la reelección presidencial, configurando un contexto de manipulación de recursos públicos, debilitamiento institucional y aumento de la desconfianza ciudadana hacia el proceso democrático hondureño.