El documento ofrece una evaluación exhaustiva del gasto público en seguridad y defensa en Honduras entre 2002 y 2019, presentando una visión crítica sobre su evolución, eficacia y el impacto en el contexto social y económico del país. Se destaca que, aunque el presupuesto destinado a estas áreas ha crecido de manera acelerada, este incremento no ha logrado revertir la alta incidencia de la violencia, criminalidad ni ha mejorado significativamente la percepción de seguridad ciudadana.
Se analizan las tendencias de asignación presupuestaria a las Secretarías de Seguridad y Defensa, revelando una militarización progresiva de las funciones de seguridad pública, en detrimento de un enfoque preventivo y civilista. Asimismo, el informe aborda el papel del Gabinete de Defensa y Seguridad, los fideicomisos como la Tasa de Seguridad Poblacional, y cuestiona la falta de transparencia en la utilización de estos fondos, evidenciando prácticas de opacidad y desvíos que debilitan la rendición de cuentas.
El estudio también examina los vínculos entre el gasto en seguridad, la persistencia de la pobreza, el desempleo, la migración y la desigualdad, concluyendo que la estrategia gubernamental sigue un modelo reactivo y punitivo que no atiende las causas estructurales de la inseguridad. La investigación plantea propuestas orientadas a mejorar la planificación presupuestaria, fortalecer la institucionalidad, priorizar la inversión social y reorientar el gasto público hacia políticas de prevención más integrales y sostenibles.