La asignación pública de recursos: ¿Consolida la desigualdad o promueve un desarrollo social y productivo más equitativo?

Este análisis exhaustivo de FOSDEH evalúa el Presupuesto General de la República de 2011 a través de una mirada histórica, política y social que evidencia cómo la asignación de recursos públicos en Honduras ha reforzado patrones estructurales de desigualdad. El documento se basa en evidencia empírica y estadística desde inicios del siglo XX hasta el presente, y analiza cómo el presupuesto ha sido tradicionalmente utilizado como un instrumento político centralizado y excluyente.

Los autores argumentan que el modelo de asignación presupuestaria ha favorecido sistemáticamente a los polos económicos más desarrollados, dejando rezagadas a amplias regiones rurales y urbanas periféricas. La concentración del gasto público ha profundizado la pobreza en más de 100 municipios identificados como empobrecidos. Además, se critica la falta de participación ciudadana en el ciclo presupuestario, la opacidad de los procesos de formulación y aprobación, y la falta de correspondencia entre los objetivos de política social y la distribución territorial del gasto.

Entre los aspectos destacados del análisis:

• El Presupuesto 2011 asciende a más de 77 mil millones de lempiras, pero su distribución es inequitativa, con severos sesgos regionales.

• La inversión por habitante muestra enormes disparidades entre municipios ricos y pobres.

• Se identifica una relación directa entre pobreza y asignación presupuestaria, donde los municipios con mayores niveles de pobreza reciben proporcionalmente menos recursos.

• Se cuestiona la efectividad de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), y se señala que el gasto militar históricamente ha prevalecido sobre el gasto social en salud y educación.

• El documento ofrece un enfoque histórico que rastrea cómo el modelo de desarrollo, desde el ferrocarril hasta las concesiones bananeras, moldeó un patrón de asignación pública regresivo.

• Se ofrecen recomendaciones concretas para una reforma profunda de la planificación y ejecución presupuestaria, orientada al desarrollo equitativo, territorialmente balanceado y con participación ciudadana real.