Este informe analiza el comportamiento del gasto público en los sectores de seguridad y defensa en Honduras durante el período 2002–2018, con especial énfasis en el impacto institucional, social y presupuestario de las decisiones adoptadas en este ámbito. A través de un enfoque técnico y multidimensional, el documento evidencia que el incremento sostenido de los recursos asignados a las Secretarías de Defensa y Seguridad no ha resultado en mejoras sustanciales en las condiciones de seguridad ciudadana. Por el contrario, señala que esta tendencia se ha producido en un contexto de creciente militarización de la seguridad pública, debilitamiento institucional y ausencia de una planificación integral anclada al desarrollo sostenible.
El informe también expone que las modificaciones presupuestarias, la falta de disciplina fiscal y la superposición de funciones entre defensa y seguridad generan ineficiencia y diluyen los mecanismos de control democrático sobre el uso de los recursos públicos. Asimismo, cuestiona el uso de decretos ejecutivos para transferir atribuciones entre instituciones, lo que ha llevado a un desbalance funcional entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Se presentan datos sobre el gasto acumulado, el gasto per cápita y el origen del financiamiento, así como un análisis comparativo entre el presupuesto destinado a defensa y el de seguridad. También se exponen indicadores de incidencia delictiva, femicidios, homicidios y decomisos, contrastando los resultados obtenidos con los recursos asignados. Finalmente, se concluye que el gasto en seguridad y defensa debe articularse con una política pública integral que ataque las causas estructurales de la inseguridad como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, para evitar que se mantenga como un gasto insostenible y socialmente ineficaz.