No es necesario el peaje, concesiones y endeudamiento para las carreteras de Honduras.

Este documento del FOSDEH analiza críticamente la política de concesión de carreteras en Honduras mediante esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP), el uso del peaje y el endeudamiento público. Se argumenta que el mantenimiento, la reparación y la construcción de la infraestructura vial son responsabilidades fundamentales del Estado, que deberían ser financiadas adecuadamente a través de los ingresos fiscales existentes, particularmente el impuesto a los combustibles. El autor expone cómo, bajo la premisa de la ineficiencia pública y la supuesta eficiencia privada, se han impulsado APPs que trasladan los costos a la ciudadanía a través de múltiples mecanismos de pago: deuda pública, cobro de peajes y aumento de impuestos, generando una triple carga para los usuarios.

El análisis documenta que, a pesar de la existencia legal del Fondo Vial, diseñado para administrar recursos para la conservación de carreteras, la asignación presupuestaria a esta institución ha sido reducida drásticamente. Mientras el impuesto al combustible recauda más de 12,000 millones de lempiras anualmente, el Congreso Nacional asigna apenas entre el 5% y 7.5% de esos ingresos al Fondo Vial, debilitándolo y justificando artificialmente la necesidad de concesionar obras públicas. A la par, el incremento de impuestos al combustible aprobado en 2013 ha elevado el costo de vida de la población sin revertirse en mejoras sustanciales en la infraestructura vial.

Se señala además que las concesiones de carreteras y el cobro de peajes generan costos ocultos que afectan negativamente la economía nacional, como el encarecimiento del transporte de mercancías y el incremento de la inflación. También se critica la limitada transparencia de la Superintendencia de APP (SAPP), que no expone los costos sociales de estos proyectos. El documento concluye que la justificación del endeudamiento y la privatización de las carreteras no responde a una necesidad real de financiamiento, sino a una falta de voluntad política para gestionar eficientemente los recursos existentes y respetar la legalidad en el uso de los fondos públicos.