Este análisis del FOSDEH aborda el financiamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público en Honduras, subrayando las inconsistencias entre lo establecido en la Constitución y la realidad presupuestaria asignada. Se destaca que el Poder Judicial ha recibido históricamente una proporción inferior al 3% de los ingresos corrientes del Estado, contraviniendo el artículo 318 constitucional. Asimismo, se evidencia la precariedad del presupuesto del Ministerio Público frente a sus amplias funciones en la defensa de la sociedad. El documento critica la falta de autonomía real, el debilitamiento institucional y la falta de voluntad política para fortalecer el sistema de justicia, concluyendo que sin recursos adecuados y sin institucionalidad sólida, se perpetúa la injusticia.