Impunidad, el verdadero problema presupuestario en Honduras. Análisis del marco legal relativo a la ejecución presupuestaria

Este extenso estudio jurídico y técnico del FOSDEH examina en profundidad el marco legal que regula la ejecución presupuestaria en Honduras, con énfasis en cómo la impunidad institucional socava la efectividad del gasto público y perpetúa el desorden financiero. El título no es retórico: la impunidad, más que un problema político o ético, se presenta como un obstáculo estructural que impide una gestión transparente, eficaz y legal del presupuesto nacional.

El análisis parte del marco normativo vigente (Constitución, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contratación del Estado, Ley de Transparencia, entre otras) para evidenciar cómo, pese a contar con una normativa relativamente robusta, la ejecución del presupuesto se realiza de forma discrecional, con abusos generalizados y nula deducción de responsabilidades.

Se abordan con profundidad los siguientes temas:

• Principios constitucionales y legales que rigen la ejecución presupuestaria (universalidad, anualidad, equilibrio, unidad de caja, especialidad).

• Las distorsiones más comunes: sobreestimación de ingresos, compromisos sin respaldo presupuestario, abuso de contrataciones directas, falta de controles, modificaciones presupuestarias excesivas, uso de recursos con fines políticos.

• Debilidad de los controles: interno, externo (TSC), administrativo (SEFIN), legislativo (Congreso Nacional).

• Casos graves de desorden presupuestario, como el crecimiento del pago de deuda, la falta de transparencia en instituciones como COALIANZA, la desarticulación de los entes planificadores y la nula participación ciudadana en la formulación presupuestaria.

• Falencias en la aplicación de sanciones legales y penales a funcionarios responsables de malversación o gasto sin respaldo legal.

• Propuestas de reforma legal y administrativa para fortalecer los mecanismos de control, racionalizar el gasto, mejorar la planificación fiscal y eliminar el uso político del presupuesto.

El documento concluye con 20 recomendaciones precisas que incluyen la necesidad de una Ley de Estabilidad Presupuestaria, control a las modificaciones presupuestarias, fortalecimiento de auditorías internas, y establecimiento de responsabilidades patrimoniales y penales.