Seguimiento y Monitoreo al Gasto Público en el Proceso Electoral diciembre 2017 (tercera entrega)

El documento expone un análisis detallado del uso del gasto público durante el proceso electoral de 2017 en Honduras, evidenciando cómo el Presupuesto General de la República fue utilizado estratégicamente para promover fines políticos, en particular la reelección presidencial. A través de un monitoreo sistemático, el informe revela que los recursos públicos destinados originalmente a educación, salud e infraestructura fueron redirigidos hacia gastos en publicidad, propaganda y programas asistencialistas como parte de una campaña electoral continua. Se destaca que los fondos del fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social, alimentados principalmente por el aumento del Impuesto sobre Ventas, fueron usados de manera intensiva para financiar la plataforma Vida Mejor, que aunque publicitada como inversión social, en la práctica sirvió para fortalecer la imagen gubernamental.

El análisis muestra que el gasto en publicidad aumentó un 159% respecto al monto aprobado inicialmente, mientras que el gasto real en sectores estratégicos se mantuvo estancado o disminuyó. También se critica la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, la cual establece la suspensión de la publicidad gubernamental durante los períodos electorales, una normativa que fue solo parcialmente respetada. Además, se señala que la gestión del gasto público estuvo caracterizada por improvisaciones, modificaciones presupuestarias constantes y una orientación clara hacia la concentración de recursos en instituciones vinculadas al proceso electoral, como el Tribunal Supremo Electoral.

La investigación concluye que el gasto público en 2017 no fue eficiente ni orientado al desarrollo sostenible, sino que profundizó las brechas de desigualdad, aumentó la pobreza extrema, incrementó la regresividad tributaria y dejó al país más endeudado y con peores condiciones socioeconómicas. El informe hace un llamado a replantear el uso del presupuesto como herramienta real de planificación estratégica, priorizando el bienestar social por encima de intereses político-electorales, y advierte que de no corregirse estas prácticas, el deterioro de la institucionalidad y la confianza ciudadana continuará agudizándose.