Este estudio sistematiza el marco legal, las políticas públicas y la institucionalidad vigente en Honduras orientada a la atención de las personas deportadas desde Estados Unidos y México. Analiza los flujos migratorios recientes, caracterizando el perfil del deportado hondureño y las zonas de mayor expulsión. Se evidencia que la migración forzada en Honduras responde principalmente a la falta de oportunidades económicas, altos índices de violencia, reunificación familiar y efectos estructurales derivados de políticas comerciales desfavorables.
El documento identifica debilidades significativas en el sistema de atención al migrante retornado, como la escasa cobertura de programas, falta de financiamiento y la ausencia de políticas públicas integrales que aborden no solo la recepción inmediata, sino también la reinserción social y laboral de los deportados. Se describen iniciativas como el Fideicomiso del Migrante Retornado (FOSMIH), el Proyecto Amigos del Migrante y programas de atención a la niñez migrante retornada a cargo de la DINAF, destacando sus limitaciones.
El análisis concluye que la respuesta estatal sigue siendo reactiva, asistencialista y fragmentada, sin enfrentar las causas estructurales de la migración. A nivel institucional, se evidencia una dispersión de competencias entre varias entidades gubernamentales, con un enfoque insuficiente en políticas preventivas de migración y escasa coordinación para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de los deportados. El estudio recomienda reforzar la formulación de políticas públicas inclusivas, promover programas de reinserción con visión de desarrollo humano y fomentar una estrategia regional frente a la deportación masiva.