Este informe examina la asignación y efectividad del gasto público en Honduras destinado a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, tras la promulgación de la Ley de Protección en 2015. El estudio identifica importantes deficiencias en la planificación, asignación presupuestaria y ejecución de políticas públicas, revelando una desconexión entre el discurso institucional y las acciones reales del Estado. Se analiza el funcionamiento del Consejo Nacional de Protección y se evalúan los planes operativos y presupuestos de las instituciones que lo integran, mostrando que la mayoría no incorpora de manera clara ni efectiva el enfoque de derechos humanos. Se concluye que, a pesar del incremento nominal de recursos, la ejecución efectiva y coordinada sigue siendo limitada, y se presentan recomendaciones estratégicas para fortalecer los mecanismos de protección.