Seguimiento y monitoreo al gasto público en el proceso electoral noviembre 2017 (segunda entrega)

El documento analiza el comportamiento del gasto público en Honduras durante el proceso electoral de 2017, enfocándose en el uso y desvío de recursos públicos destinados inicialmente para sectores prioritarios como educación, salud e infraestructura. Se evidencia que tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Presidencia de la República experimentaron incrementos presupuestarios significativos y acelerados, lo que confirma la falta de planificación estratégica y el uso del presupuesto como instrumento de manipulación política y electoral. La improvisación presupuestaria, la falta de transparencia y la utilización de fideicomisos sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas son prácticas que se repiten y que deterioran aún más la capacidad del Estado para generar desarrollo.

El informe revela que gran parte del presupuesto fue utilizado en gasto corriente, especialmente en salarios, servicios y publicidad, mientras que la inversión en bienes capitalizables apenas alcanzó el 8.8% del presupuesto vigente. Se destaca que, pese al crecimiento del gasto electoral, los procesos fueron deficientemente planificados desde años anteriores, con transferencias presupuestarias no previstas adecuadamente y alteraciones constantes al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, se critica el uso intensivo de fondos públicos para la campaña de imagen del presidente en funciones, a través de aumentos desproporcionados en los rubros de publicidad y propaganda, manejados centralizadamente desde la Presidencia.

El gasto en las elecciones primarias y generales superó los 900 millones de lempiras solo para el Tribunal Supremo Electoral, sin contar otros costos asociados al Registro Nacional de las Personas y al endeudamiento adicional generado. El documento advierte que estos gastos comprometen la sostenibilidad fiscal y desvían recursos críticos de sectores sociales urgentes, reflejando que los procesos electorales, si bien necesarios, no han sido concebidos ni ejecutados como parte de un ejercicio democrático transparente, sino como una extensión del control político y la permanencia en el poder. La conclusión apunta a la necesidad urgente de reformar el ciclo presupuestario, integrar la planificación estratégica al uso de los recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia del gasto gubernamental.