Una justicia sin recursos: La trampa de los ingresos corrientes y netos en Honduras

Este documento analiza la grave precariedad presupuestaria que enfrenta el Poder Judicial de Honduras debido a la manipulación del concepto de ingresos corrientes y netos en la asignación presupuestaria. A pesar de que la Constitución establece en su artículo 318 que el Poder Judicial debe recibir una asignación anual no menor al 3% de los ingresos corrientes, las autoridades gubernamentales han creado una trampa financiera al redefinir estos ingresos y aplicar deducciones mediante disposiciones presupuestarias, lo que reduce significativamente la base sobre la cual se calcula la transferencia obligatoria.

El análisis expone que, en la práctica, el Poder Judicial recibe menos del 2% de los ingresos corrientes reales, incumpliendo flagrantemente el mandato constitucional. Se revela que en 2016, mientras los ingresos corrientes ascendieron a aproximadamente 123 mil millones de lempiras, la ejecución presupuestaria del Poder Judicial representó apenas un 1.8% de dicha cifra. Si se hubiese respetado la Constitución, el presupuesto judicial habría sido al menos 3,698 millones de lempiras, es decir, alrededor de 1,764 millones más de lo efectivamente aprobado.

El documento también señala cómo la estructura presupuestaria del Estado, utilizando figuras como el “Tazón de Seguridad” y las transferencias para programas asistenciales como “Vida Mejor”, favorece la reducción artificial de los ingresos netos, afectando no solo al Poder Judicial, sino también a otras instituciones que dependen de asignaciones obligatorias. La investigación concluye que esta estrategia de subfinanciamiento limita gravemente la independencia judicial, perpetúa la mora judicial, aumenta la percepción de corrupción e impunidad, y debilita el Estado de derecho en Honduras.

Finalmente, el autor hace un llamado a la reflexión urgente sobre la necesidad de respetar la asignación constitucional de recursos al Poder Judicial como condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia.