Este documento recoge las principales conclusiones y recomendaciones del análisis de FOSDEH sobre los primeros siete años de implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) en Honduras. El informe reconoce ciertos beneficios en exportaciones como maquila, frutas y vegetales, pero enfatiza que los efectos negativos sobre el agro, el empleo, los ingresos fiscales y el desarrollo rural han sido severos y desproporcionados.
Conclusiones destacadas:
Resultado comercial asimétrico: Honduras acumuló un déficit comercial de casi 7 mil millones de dólares entre 2006 y 2013, mientras que EE.UU. obtuvo un superávit sostenido. Las exportaciones hondureñas se concentraron en productos de bajo valor agregado, sin fortalecer los sectores productivos nacionales.
Impacto mínimo sobre precios al consumidor: No se evidenció reducción de precios en productos sensibles como arroz, maíz o lácteos. Los beneficios fueron capturados por importadores y no trasladados al consumidor.
Pérdida masiva de empleos rurales: Se estima una pérdida de más de un millón de empleos directos e indirectos en el sector agropecuario debido a la avalancha de productos importados, en su mayoría subsidiados por EE.UU.
Débil dinamismo exportador: El crecimiento exportador fue limitado a pocos sectores, sin diversificación ni integración al tejido productivo nacional.
Inoperancia de cláusulas de salvaguarda: A pesar de sobrepasarse los umbrales de importación, nunca se activaron los mecanismos de protección para los sectores nacionales sensibles.
Falta de transparencia y evaluación oficial: El gobierno hondureño no ha generado informes periódicos sobre los impactos del DR-CAFTA, lo que evidencia una política de opacidad y desinformación.
Recomendaciones clave:
Replantear la política comercial para reducir asimetrías.
Garantizar que los consumidores se beneficien efectivamente del tratado.
Recuperar empleos e ingresos en sectores agropecuarios sensibles.
Impulsar programas de transformación y dinamización exportadora con valor agregado.
Modificar las cláusulas de salvaguarda para hacerlas operativas.
Institucionalizar evaluaciones periódicas del CAFTA.
Fortalecer el rol de las organizaciones campesinas y obreras como veedoras del impacto del tratado.
El documento finaliza subrayando la necesidad de reposicionar el papel del Estado, las organizaciones sociales y las universidades en el monitoreo y la renegociación de tratados internacionales, en defensa del desarrollo productivo y la soberanía alimentaria del país.