Ley de Fomento al Turismo, no es más de lo mismo, es peor

Este documento analiza críticamente el anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de Honduras en 2017. El FOSDEH sostiene que la propuesta profundiza un modelo de privilegios fiscales insostenibles, reproduce desigualdades históricas y agrava los riesgos de despojo territorial. Se explica que, bajo la ilusión de atraer inversión extranjera y fomentar el turismo, la ley amplía en tiempo y en alcance las exoneraciones tributarias, permitiendo beneficios fiscales de hasta 15 años en sectores estratégicos, incluyendo la importación libre de impuestos de maquinaria y equipo para la construcción de proyectos turísticos.

El análisis detalla que el anteproyecto no solo favorece a los grandes empresarios, sino que también promueve mecanismos de financiamiento a través de fideicomisos públicos como el FITUR, que operarían bajo normas de derecho privado, reduciendo los controles y la transparencia en el uso de recursos públicos. Además, el documento advierte que se habilita la expropiación de tierras privadas para ser transferidas a los promotores turísticos, utilizando la figura de la declaratoria de utilidad pública, lo cual amenaza comunidades locales, áreas protegidas, reservas biológicas, patrimonios culturales y territorios de valor ecológico y social.

Se argumenta que esta ley se inserta en una estrategia más amplia de despojo institucional, conectada con otras normativas como las ZEDEs, las Alianzas Público-Privadas y la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública. Se denuncia que lejos de promover un turismo sostenible e inclusivo, el proyecto de ley refuerza un esquema de enclave económico, donde los beneficios se concentran en élites locales e inversionistas extranjeros, mientras se socializan los costos ambientales, sociales y fiscales entre la población hondureña.

El FOSDEH concluye que aprobar esta ley implicaría consolidar un modelo regresivo y excluyente, contrario a los principios de justicia social y desarrollo sostenible que deberían regir las políticas públicas. En ese sentido, insta al Congreso Nacional a no aprobar el anteproyecto, y llama a construir una estrategia de desarrollo turístico que respete los derechos humanos, promueva la equidad territorial y articule las inversiones a cadenas de valor locales y comunitarias.