Este documento realiza un análisis crítico sobre la creación del régimen de monotributo en Honduras, establecido en el nuevo Código Tributario mediante el Decreto Legislativo 170-2016. El autor explica que, aunque inicialmente el monotributo fue presentado como una medida de inclusión social y acceso a la seguridad social para el sector informal, en realidad su verdadero objetivo es la ampliación de la base tributaria para responder al incremento de la deuda pública y a la necesidad de mayores ingresos fiscales tras años de otorgamiento indiscriminado de exoneraciones y privilegios fiscales.
Se advierte que la implementación del monotributo podría tener graves impactos socioeconómicos, principalmente afectando a la economía de sobrevivencia del sector informal, un sector que no ha recibido históricamente el apoyo del Estado para formalizarse. El análisis sostiene que cargar a los pequeños comerciantes, microempresarios y trabajadores informales con un nuevo impuesto resulta ser una “aberración fiscal”, especialmente en un contexto donde ya soportan cargas indirectas como el Impuesto de Guerra.
El documento también cuestiona la falta de estudios técnicos que sustenten la viabilidad de este instrumento y evidencia la improvisación con que ha sido planteado, incluyendo la confusión respecto al techo mínimo de aplicación y la exclusión tardía de las ONGDs del régimen. Se destaca que la administración tributaria, a través del SAR, no posee la capacidad técnica, logística ni operativa para implementar eficazmente el monotributo, situación que podría abrir puertas a la corrupción, evasión y elusión fiscal.
Además, el autor alerta sobre el riesgo de que empresas formales migren hacia el monotributo para evadir cargas fiscales mayores, incentivando una mayor regresividad y distorsión en el sistema tributario hondureño. El documento concluye señalando que la reglamentación del monotributo puede prestarse a procesos de negociación política opacos y excluyentes, y plantea interrogantes urgentes que deben ser debatidas públicamente antes de su implementación formal, si se pretende construir un sistema fiscal justo y sostenible.