Reflexiones a las Modificaciones realizadas por el Congreso Nacional de la República de Honduras al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2018

Este documento expone una crítica técnica del FOSDEH a las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional al Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2018, señalando que dichas alteraciones excedieron los límites constitucionales y legales del proceso presupuestario. El análisis comienza con una cronología del proceso de formulación, presentación y aprobación del presupuesto, enfatizando que su votación final fue realizada fuera del plazo constitucional, lo que debió haber implicado la continuidad del presupuesto del año anterior. Sin embargo, el Congreso aprobó un nuevo presupuesto con aumentos sustanciales en ingresos, egresos y disposiciones, incluyendo 16 artículos adicionales no contemplados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

El FOSDEH denuncia que estas disposiciones adicionales incluyeron reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto con implicaciones judiciales, entre ellas el artículo 238, que fue interpretado por una magistrada para archivar el caso conocido como “Red de Diputados”, trasladándolo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con un plazo de tres años para concluir las investigaciones. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) calificó estas reformas como parte de un “Pacto de Impunidad”, al blindar procesos judiciales y debilitar la independencia de poderes.

El documento subraya que el uso reiterado de las Disposiciones Generales como herramientas de reforma legal encubre un uso inconstitucional del presupuesto como “supra ley”. Asimismo, se identifican irregularidades como la creación de entidades sin respaldo presupuestario, la eliminación del Fondo Vial mientras aún figuraba en el presupuesto aprobado, y la alteración de los ingresos netos para reducir asignaciones constitucionales como el 6% para la UNAH.

El FOSDEH concluye que el presupuesto aprobado representa un retroceso en materia de transparencia, planificación, control institucional y rendición de cuentas, al tiempo que respalda la posición de la MACCIH y hace un llamado a fortalecer el papel del Congreso como ente responsable ante las necesidades sociales de la ciudadanía.