El documento analiza el incumplimiento del mandato constitucional que garantiza al Poder Judicial una asignación presupuestaria mínima del 3% de los ingresos corrientes del Estado, revelando que en 2020 se le asignó solo el 1.8%. Expone cómo tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han operado con recursos insuficientes durante la última década, lo que limita su capacidad para garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad y cumplir con sus funciones constitucionales. El FOSDEH señala que esta situación refleja una degradación institucional que prioriza el mantenimiento del statu quo sobre el fortalecimiento del Estado de derecho. Se incluyen comparaciones históricas de presupuesto, análisis de su representación porcentual y un llamado a replantear la asignación de recursos como elemento esencial para la justicia y la democracia en Honduras.