El documento examina el proyecto de reforma a la Ley del Sector Eléctrico de Honduras desde una perspectiva de interés público, evaluando sus implicaciones institucionales, regulatorias y económicas. El análisis se centra en los mecanismos mediante los cuales determinadas actividades estratégicas del sistema eléctrico podrían ser delegadas a operadores privados a través de esquemas contractuales de mediano y largo plazo.
El estudio revisa los cambios propuestos en materia de generación, transmisión, distribución, comercialización y gestión operativa del sistema eléctrico, identificando posibles transformaciones en el papel del Estado y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Asimismo, analiza los alcances de la participación privada en funciones consideradas estratégicas, los mecanismos de contratación previstos y los desafíos relacionados con la regulación, supervisión y control público.
El documento plantea que algunas disposiciones podrían configurar procesos de privatización funcional o concesional, en los que la titularidad pública de los activos se mantiene, pero la operación de actividades esenciales se transfiere parcial o totalmente a terceros. A partir de ello, examina los riesgos asociados a la concentración de mercado, la sostenibilidad financiera, la transparencia contractual, la rendición de cuentas y la protección del interés público.
El análisis destaca la importancia de garantizar que cualquier reforma al sector eléctrico fortalezca la seguridad energética, la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera y el acceso universal a la energía, preservando al mismo tiempo la capacidad rectora y reguladora del Estado.