Este documento analiza la violación sistemática a la asignación presupuestaria que la Constitución de Honduras garantiza a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estableciendo que el Estado debe transferir un mínimo del 6% de los ingresos netos anuales de la República. El autor explica cómo las autoridades gubernamentales, mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, han construido una trampa fiscal que redefine los ingresos netos aplicando múltiples deducciones no autorizadas constitucionalmente, reduciendo artificialmente la base de cálculo y privando a la UNAH de los recursos necesarios para su expansión y fortalecimiento.
El análisis detalla que, para el año 2016, el presupuesto vigente de la UNAH representó apenas el 5.5% de los ingresos netos y su ejecución real apenas el 3.9%. Esta reducción constante del presupuesto disponible ha impedido que la universidad cumpla con las expectativas de cobertura, calidad, infraestructura adecuada y acceso equitativo, a pesar del aumento progresivo en la recaudación fiscal nacional. Se señala que cada año se agregan nuevas categorías de deducciones —como los fondos destinados a programas como Vida Mejor o el Tazón de Seguridad— que disminuyen aún más los recursos disponibles para la educación superior.
El documento también critica la utilización de bonos de deuda interna como parte de las transferencias a la UNAH, trasladando los problemas de liquidez estatal a la universidad y limitando su autonomía financiera. Se advierte que el recorte efectivo de recursos impide a la UNAH avanzar en su misión de universalidad educativa, refuerza desigualdades sociales y priva al país de la generación de capital humano competitivo. Finalmente, se concluye que la “trampa de los ingresos netos” no solo es una violación constitucional, sino un obstáculo estructural al desarrollo nacional, y se llama a la sociedad hondureña a exigir el cumplimiento pleno de la Constitución como base para construir un futuro con mayor equidad y oportunidades.